Una vez más, la inseguridad golpea en el corazón del cordón industrial. En esta oportunidad, la víctima fue un camionero de 51 años, oriundo de Córdoba, que el lunes por la noche fue interceptado por delincuentes armados mientras se dirigía a la terminal de Dreyfus, en Timbúes. El hecho, incluyó disparos con una carabina, la apertura forzada del acoplado del camión y el robo de casi 30 toneladas de soja.
El conductor, en un acto de desesperación y coraje, decidió no detenerse. Siguió hasta su destino para terminar de descargar, priorizando la integridad física por encima del cargamento. Recién al día siguiente, pudo formalizar la denuncia en la comisaría 9ª de Timbúes que dio intervención a la Fiscalía de San Lorenzo.
Este episodio, tan alarmante como tristemente frecuente, evidencia una problemática de fondo que crece a la par del silencio y la inacción de las autoridades timbuenses. Porque lo que ocurrió el lunes no es un caso aislado: es el resultado previsible de un Estado local que decidió dar la espalda a quienes trabajan todos los días sobre el asfalto.
Fito González deja inaugurado el puesto sanitario y de seguridad en Mangoré y Darwin
Cuando la política estaba del lado de los trabajadores
No hace tanto, en mayo de 2021, la Comuna de Timbúes, bajo la gestión de Amaro “Fito” González, inauguraba un puesto sanitario y de seguridad en la estratégica intersección de Mangoré y Darwin. Se trataba de una decisión política concreta: brindar respaldo, contención y resguardo a los trabajadores del complejo sojero, especialmente a los camioneros que día y noche abastecen las terminales portuarias.
La cruz roja recuerda lo que alguna vez fue un puesto para la contención sanitaria
Aquel espacio estaba equipado con personal médico, paramédicos, una ambulancia 0 km y patrullaje urbano con móviles UTV. No era solo un gesto, era una presencia del Estado en el lugar donde más se lo necesita. Un faro de cuidado y prevención para quienes se enfrentan no solo a largas jornadas de trabajo, sino también a rutas peligrosas, vacías de protección.
Hoy se observa una triste contraposición: Bajo la actual gestión del presidente comunal Antonio Fiorenza, ese puesto fue desmantelado y las instalaciones cedidas a un privado. En el lugar funciona ahora el “Comedor Beraka”, un establecimiento de comidas rápidas cuya higiene y estado general distan mucho de lo que se espera en un punto neurálgico del tránsito de carga del país.
En anterior puesto sanitario y de seguridad -hoy en manos privadas- luce muy desmejorado
El deterioro es visible: faltan sanitarios, artefactos eléctricos, limpieza. La única señal de que alguna vez allí existió un espacio sanitario es una cruz roja deslucida, que hoy parece un triste recordatorio de una política que alguna vez se ocupó de los trabajadores.
Mientras la gestión actual prioriza negocios privados y minimiza la función social del Estado, los transportistas son rehenes de una inseguridad creciente, sin herramientas, sin resguardo, sin asistencia. Porque la diferencia entre contar con un puesto de salud y seguridad y no tenerlo se mide en tiempo de respuesta ante una urgencia, en poder denunciar a tiempo, en prevenir antes que lamentar.
La situación actual necesita más que palabras: exige responsabilidad política. Exige recordar que los trabajadores no son un engranaje descartable en la maquinaria agroexportadora, sino seres humanos con derechos, entre ellos el más básico: el de circular y trabajar seguros.
Hoy, mientras los disparos retumban en las rutas y los delitos se multiplican, lo que falta es un Estado que esté a la altura. Y lo que sobra, es indiferencia.
